Aborto legal: pese a los pedidos judiciales en tres provincias, la ley está vigente en todo el país
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En Chaco y Salta ya se revocaron los pedidos para que se declare la inconstitucional. Cuál es la situación en San Luis.
En las últimas semanas, distintas presentaciones judiciales pretendieron poner en jaque la ley 27.610 que habilitó el derecho al aborto. El objetivo es conseguir por vía judicial el rechazo que no dio el Congreso en 2020. Y aunque dos juezas provinciales resolvieron en contra del aborto, el derecho está vigente en todo el territorio nacional.
¿Qué pasa en las provincias “judicializadas”?
Recién el 18 de marzo se resolvió el tema en Chaco, único territorio en el que los grupos que se oponen al aborto consiguieron suspender la medida hasta hace algunos días.
Seis particulares habían conseguido que, en plena feria judicial, el Juzgado Civil y Comercial 19 ordenara “la suspensión de la vigencia y/o no aplicación” en el territorio de la provincia de la ley 27.610, que consagra el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.
La jueza Marta Aucar de Trotti, que había hecho lugar a la medida, fue denunciada por prevaricato. La sentencia fue revocada la semana pasada y rechazada la medida cautelar que había frenado el acceso a la práctica en la provincia. El tribunal de alzada consideró, entre otras cuestiones, que la jueza no había constatado que quienes presentaban la cautelar fueran efectivamente representantes de persona alguna afectada por la ley.
El mismo día que la Justicia daba marcha atrás en Chaco, la campaña “celeste” tuvo un fallo favorable en San Luis. La exsenadora Liliana Teresita Negre de Alonso -que había sido referente en 2010 en contra de la sanción del matrimonio igualitario- realizó una presentación contra el Gobierno puntano en la que reclama una “acción declarativa de certeza” por considerar que había una contradicción entre la ley de aborto y un artículo del Código Civil y Comercial.
La jueza Laboral María Eugenia Bona hizo lugar al pedido de la exsenadora y declaró la plena vigencia del artículo en cuestión, “que reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción”. Sin embargo, la respuesta judicial no tiene el mismo alcance que había tenido la chaqueña: la declaración de inconstitucionalidad no trajo aparejada, esta vez, suspensión del derecho y tanto la ILE como la IVE tienen a esta hora plena vigencia en todo el territorio de San Luis. El objetivo en este caso es avanzar hacia tribunales superiores.
En Salta, el rechazo fue en primera instancia. El juez federal Julio Bavio rechazó una cautelar que pretendía suspender la ley a través de una presentación que ampliaba un rechazo previo al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación. Este establecía las pautas de tratamiento de los casos de interrupción legal del embarazo en los casos ya autorizados por el fallo FAL de la Corte Suprema, aún antes del debate legislativo del año pasado.
La presentación estaba ligada a la también exsenadora Cristina Fiore, de la red de legisladores por la vida. El juez la consideró “improcedente” y desestimó en enero el pedido de medida cautelar.
