Polémica por la creación de un organismo para supervisar qué noticias se publican en los medios de comunicación
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Miriam Lewin, titular del organismo, aseguró que el objetivo es “fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces”. Por su parte, Adepa lo consideró como un “órgano de vigilancia” y dijo que se corre el riesgo de que se use como “método de disciplinamiento”.
La Defensoría del Público lanzó NODIO, un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica. Según la web oficial, “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”.
De acuerdo al anuncio, NODIO “tendrá como objetivo proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”.
Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que NODIO es la respuesta a la preocupación de las audiencias “por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”.
El objetivo de NODIO es fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces. Que todas las personas puedan expresarse en el debate público sin ser expulsadas y tengan acceso a información veraz. Está en la línea de lo que sugiere en su art 4 el Plan de Acción de la ONU.
— Miriam Lewin (@miriamlewindefe) October 11, 2020
Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación, con un comunicado titulado “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”.
Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión https://t.co/esA8fNJfNf
— ADEPA (@Adepargentina) October 11, 2020
En el mismo, se expresa que “la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello”.
“Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de «observación» como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”.
“Como ha sostenido Adepa, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos”.
“Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía” finaliza.
