La Legislatura santafesina aprobó auxilios para el sector de turismo y actividades recreativas
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El Senador por el Dep. San Cristóbal, Felipe Michlig fue el autor de la iniciativa en la que tuvo acompañamiento de sus pares.
La legislatura Provincial convirtió en Ley la iniciativa presentada por el Senador Felipe Michlig -con el acompañamiento del interbloque de la UCR- por el cual se declara la EMERGENCIA PROVINCIAL DEL SECTOR TURÍSTICO Y OTROS, destinado “a la contención, asistencia, reactivación y reconversión de actividades de servicios afectadas por la pandemia” indicó su autor.
“El Proyecto fue motivo de un amplio consenso entre Senadores, Diputados (que tenían una iniciativa de Jimena Senn y Pablo Farias en el mismo sentido) y el Poder Ejecutivo, por lo cual -creemos- permitirá su rápida y efectiva aplicación” agregó el Senador Michlig.
La Emergencia regirá hasta el 30 de junio de 2021 y podrá ser prorrogada por otros 6 meses o en función de la duración de la emergencia sanitaria nacional. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. A tal efecto se constituirá “El Fondo de Asistencia Financiera integrado con la suma de $ 800.000.000 (PESOS OCHOCIENTOS MILLONES), a cuyo fin el Poder Ejecutivo habilitará las partidas presupuestarias correspondientes en el Presupuesto Aprobado 2020”.
En el Senado
El Pte. del Bloque de la UCR, Felipe Michlig al momento de hacer uso de la palabra en el recinto de la Cámara alta agradeció “el aporte de todos los que en este proceso de construcción de consensos trabajaron para tener la mejor Ley posible, a través de un diálogo fecundo, tanto con mis pares de todas las bancadas, con diputados y miembros del Poder Ejecutivo”. “La pandemia del Covid-19, ha afectado con inusitada intensidad al sistema productivo santafesino. Tal realidad implica que desde el Estado en general y los gobiernos en especial deba asumirse políticas públicas de alto impacto para afrontar este presente y los tiempos por venir” agregó el legislador.
El Senador Rubén Pirola destacó “el trabajo coordinado para lograr tener una herramienta legislativa potente para este momento en beneficio de muchos sectores”. En igual sentido se expresó el Senador José Baucero destacando “la importancia que tendrá esta Ley para todo el turismo y en especial para la actividad costera”. Por su parte el oficialista Alcides Calvo indicó que “esta ley va a complementar otras medidas del gobierno provincial y nacional en esta pandemia en donde nada alcanza”.
Beneficios generales
El proyecto contempla entre los siguientes beneficios entre otros:
a) Diferimiento y prórroga para el pago, según el calendario impositivo del año 2020 y por el plazo de noventa (90) días después de finalizada la emergencia provincial del sector turístico, durante el cual no se devengarán intereses, para los impuestos de los Ingresos Brutos; Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Impuesto de Sellos
b) Readecuación de la metodología de facturación de los servicios de energía eléctrica y agua potable de forma tal de propender a que el importe facturado responda al consumo real del servicio
c) Suspensión hasta ciento ochenta (180) días después de finalizada la emergencia del sector turístico de la iniciación o la sustanciación de acciones administrativas iniciadas por el cobro de impuestos
d) Otorgamiento de subsidios o aportes no reintegrables o de programas de asistencia económica o subsidios, complementarios de otros programas nacionales o provinciales existentes, por montos de hasta pesos quinientos mil ($500.000) por beneficiario, sea para mantener el nivel de empleo o para ayuda de la actividad
e) Acceso a líneas de crédito con subsidio de tasas, utilizando esquemas de financiamiento que permitan adaptar las demandas existentes generadas por la emergencia
A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá licitar cupos de créditos y convenios con el agente financiero u otras entidades financieras y/o asociaciones mutuales interesadas en los términos que regirán su instrumentación, debiendo establecer un subsidio de tasa de hasta el 50% de la misma, plazo de devolución mínimo de 18 meses, plazo de gracia de 180 días y garantías personales o a través de fondos de garantía otorgado por programas nacionales y provinciales.
