viernes, mayo 3, 2024
Nacionales

Qué es y por qué el gobierno quiere actualizar el protocolo ILE

El Ministro de Salud, Ginés González García anunció que comunicará por Boletín Oficial la actualización del protocolo para los casos en que comprometa la vida de las personas por gestar.

El flamante Ministro de Salud, Ginés González García confirmó que comunicará este viernes por Boletín Oficial la nueva actualización del protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

García se reunió con el Presidente Alberto Fernández y éste le dio el ok para que avance con la nueva normativa. Recordemos que veinte días antes el gobierno saliente había derogado un decreto del entonces Ministro Adolfo Rubinstein.

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La ILE cumple casi 100 años

La Interrupción Legal del Embarazo por causales existe desde 1921 en nuestro país. Dentro de las causales se contempla a aquellos embarazos producto de una violación y si está en riesgo la vida de la mujer gestante.

La Legislación dice que si el embarazo es producto de un abuso sexual, la institución debe garantizar obligatoriamente el acceso a una ILE según lo ratificado por el Fallo FAL de la Corte Suprema del año 2012.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud entiende que si está en riesgo la salud física, psiquica y/o la social de la persona gestante, el acceso a una ILE también es un derecho que ya está legislado. 

Objeción de conciencia

Las complicaciones que trae de parte de médicos, médicas y profesionales de la salud que se posicionan en contra del derecho al aborto, generan trabas para que las personas con capacidad de gestar no cuenten con esta garantía que tiene ya casi cien años.

La objeción de conciencia juega un papel fundamental y el tiempo de gestación con el que la persona embarazada llega al hospital, también. Así, consiguen dilatar los tiempos y quitarle el derecho a, por ejemplo, una niña de 11 años de edad, de poder interrumpir su embarazo luego de un abuso sexual. 

El protocolo actualizado funciona como documento de referencia para aquellos y aquellas profesionales de la salud que sí aceptan cumplir con la ley y realizar sin miedo y con garantías, este derecho.