Desde que asumió Alberto Fernández, la “guerra” entre el Ejecutivo y la Corte acumuló tensiones

Entre las partes vienen sumando enfrentamientos. Lo último fue el fallo que obliga a Tucumán y San Juan a suspender las elecciones.

La suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán agregó una escala más en las tensiones en una relación que se rompe cada vez más entre el Gobierno y la Corte Suprema, con acusaciones cruzadas e investigaciones que terminaron en un juicio político.

Sin embargo, no se trata del primer enfrentamiento entre la gestión de Alberto Fernández y los miembros del máximo tribunal. Con una relación que se tensó más tras la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte en octubre del 2021.

Si bien la relación antes de esto era fría y con algunos roces producto de la intención de una reforma de la Justicia por parte del presidente, con la elección de Rosatti, a la que el kirchnerismo acusó de polémica por ser él mismo quien se votó junto a Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, estas relaciones se pusieron al rojo vivo.

De acuerdo a lo que señaló Infobae, hay una pésima relación personal ente el mandatario y el titular de la Corte. Y esto se ve reflejado dentro del máximo tribunal, con un Ricardo Lorenzetti (que no firmó las resoluciones de las elecciones provinciales) que lleva una interna abierta con los otros tres miembros, después de que la Casa Rosada lo haya querido como titular del máximo tribunal.

No hay que olvidar que Rosatti tiene un vínculo con el peronismo, cuando en junio de 2003 se sumó al gobierno de Néstor Kirchner, quien lo nombró como Procurador del Tesoro de la Nación y posteriormente fue designado como Ministro de Justicia de la Nación.

En 2015, Mauricio Macri lo nombró por decreto a él junto a Carlos Rosenkrantz como miembros del máximo tribunal, hasta que finalmente se hizo efectivo en 2018.

Uno de los primeros grandes enfrentamientos entre el Palacio de Justicia y la Casa Rosada fue el fallo favorable para la Ciudad de Buenos Aires producto de laquita de la coparticipación para pasarle a la Provincia de Buenos Aires, después de un conflicto con la Policía Bonaerense.

En ese sentido, la Corte Suprema le dio la razón a la gestión de Rodríguez Larreta que llevó a un enfrentamiento ente la Ciudad y el resto de las provincias gobernadas por el PJ. De acuerdo a lo que esgrimió Fernández, la coparticipación no corresponde a la Ciudad porque la ley se sancionó antes de la autonomía de la Capital.

Sin embargo, el máximo tribunal señaló que “no debe concebirse como una liberalidad del Estado nacional, ni como producto de un supuesto poder de la Nación para regular el flujo de recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires, sino como un sistema que armoniza”.

Es decir, que la Ciudad recibe fondos provenientes de la porción correspondiente a la Nación (y no de la porción de las provincias) sólo es viable hasta que el Congreso sancione una nueva ley de coparticipación, algo que no se pudo alcanzar en casi 25 años.