El presidente envió al Congreso la ‘Ley Ómnibus’
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La oficina del primer mandatario informó la noticia mediante sus redes sociales oficiales, a través de un mensaje en el que dio a conocer el proyecto de ley.
En la jornada de este miércoles, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley “ómnibus”, denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
Así se informó mediante la cuenta oficial de la oficina del mandatario, en un posteo acompañado por una foto en la que se observa el voluminoso cuerpo de hojas que detallan la iniciativa, la cual que contiene más de 180 páginas y 664 artículos. La misma fue firmada por el presidente y rubricada por su Gabinete.
El envío había sido confirmado este miércoles por la mañana por el vocero Manuel Adorni. Lo hizo en la habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde sostuvo que “el norte” de estas reformas “está puesto en la libertad de cada uno de los argentinos”.
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Cuenta con una amplia diversidad de ejes, entre las que se incluyen modificaciones de cientos de leyes vigentes sobre diversos temas: tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales.
Entre las iniciativas que componen la norma “ómnibus” se encuentra la derogación de las PASO, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
En su capítulo II del Título I, el texto declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y establece que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”.
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Referido a la “Emergencia y reorganización administrativa”, el proyecto le otorga al Ejecutivo la potestad de “implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional, mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
Asimismo, el Ejecutivo también podrá intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales.
