Expropiación de YPF: la justicia de EE.UU. confirmó la sentencia contra la Argentina por US$16.000 millones
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Luego de las presentaciones de las partes, la jueza Loretta Preska le dio la razón al fondo demandante y obliga a la Argentina a paga por la estatización de la petrolera, en 2012. El Gobierno anticipó que apelará.
La justicia estadounidense dejó firme el fallo en contra de la Argentina por la expropiación de YPF y obligó a la Argentina a pagar US$16.099 millones a Burford Capital, el fondo de inversión que litiga contra la Argentina en los tribunales de Nueva York por el tratamiento desigual que el Estado le dio a los accionistas minoritarios al momento de la estatización de la petrolera.
El fallo quedó firme luego de las presentaciones de ambas partes a la jueza acerca del monto final del resarcimiento impuesto a la Argentina. Burford Capital había calculado que el país debía pagar US$16.097 millones hasta ayer. El Gobierno, por su parte, estimó una indemnización de US$15.100 millones bajo los parámetros establecidos por la jueza Loretta Preska.
Finalmente, la magistrada interpretó que la cuenta presentada por el demandante era la correcta y la sentencia firme obliga a la Argentina a pagar US$16.099 millones. La diferencia entre el cálculo presentado por el Gobierno y el número que fijó la jueza es fundamental para calcular los intereses -a una tasa variable que esta semana estuvo en el orden del 5,4%-.
De todos modos, el cálculo que hizo el Gobierno no era una propuesta de pago concreta sino un paso obligado dentro del protocolo de los tribunales estadounidenses. Luego de que Preska le diera la razón Burford con respecto a la fecha a partir de la que el Estado tomó el control de YPF y teniendo en cuenta los parámetros que fijó la magistrada, tanto los demandados como los demandantes tienen que presentar su propuesta de fallo.
Eso fue lo que hizo la Argentina este jueves, al calcular la indemnización de US$15.100 millones. Por el contrario, los abogados del país dijeron a lo largo del juicio que solamente estaban dispuestos a reconocer daños por US$4920 millones a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.
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