El color político del denunciado, es causal de inocencia
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Por Martín Sperati
Para José Mayans, el peronista jefe de la bancada del Frente de Todos en el Senado, los derechos individuales garantizados por la Constitución no rigen en pandemia. Por ello defendió la política sanitaria del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a pesar de la denuncia de la oposición sobre las condiciones “inhumanas” y de “hacinamiento” a las que son sometidos quienes se encuentran en los centros de aislamiento.
Cuando los argentinos recuperamos la democracia en 1983 sabíamos que se necesitaba de un tiempo para que los resortes institucionales dejaran atrás los extravíos autoritarios que durante décadas dañaron y corrompieron los comportamientos republicanos. Los hechos sucedidos en Formosa recientemente nos indican que, 37 años después, la democracia plena no ha derramado hacia algunas provincias, donde unos dirigentes se apropiaron del sistema con un preocupante comportamiento autoritario, construyendo así estilos de gobiernos a los que la política bautizó “modelos feudales”.
No es casual que la perpetuidad en el poder esté presente en las provincias donde el apropiamiento partidario o personal del sistema republicano sea el rasgo más característico. Basta mirar las constituciones provinciales para advertir la presencia de ese común denominador. Mientras solo dos provincias no permiten la reelección consecutiva del gobernador: Mendoza y Santa Fe, otras 17 solo admiten una reelección y otras dos consienten dos reelecciones: Salta y San Juan. Pero en solo tres está autorizada la reelección indefinida: Catamarca, Santa Cruz y Formosa. Vaya casualidad.
Un buen ejercicio para tomar dimensión de lo que significa la perpetuidad en el poder es viajar imaginariamente a 1995, veinticinco años atrás, cuando Gildo Insfrán asumía la gobernación formoseña. En ese entonces, Carlos Menem ganaba la primera reelección para un presidente, prácticamente no existía internet hogareña, la telefonía móvil aún no era masiva y la gente recién conocía los correos electrónicos, entre otros recuerdos de un país bastante distinto al que vivimos hoy, pero donde Gildo Insfrán aún sigue siendo el mandamás de Formosa.
Muchos dirán que ha ganado legítimamente cada elección, eso es cierto, pero no alcanza para justificar y demostrar que la perpetuidad en el poder no es lo suficientemente nociva para corromper las instituciones haciéndoles perder sus rasgos de independencia para acomodarlos al servicio del personalismo político de turno.
El clientelismo, la pobreza, el autoritarismo y el empleo público como principal modo de generar trabajo son pilares centrales para sostener estos regímenes feudales. No se puede responsabilizar a los formoseños por sostener en el poder con su voto a quien atropella sus derechos y trata a posibles enfermos de Covid en los centros sanitarios como delincuentes en un penal, sin observar que una mayoría es rehén de ese modelo.
Una muestra cabal de esa situación es que en Formosa sucede algo único en el país, los ciudadanos evitan denunciar esos atropellos en los medios de comunicación nacionales por miedo a represalias.
Pero la pandemia mostró la peor cara del gobierno de Insfrán cuando impidió durante meses el ingreso de miles de provincianos a sus domicilios, medida que le costó la vida a Mario Ledesma mientras intentaba ingresar cruzando a nado el río Bermejo para ver a su hija. Luego llegaron un millar de habeas corpus presentados en un conflicto que destrabó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Poder Judicial de Formosa miró sencillamente para otro lado.
En las últimas semanas, la provincia norteña acaparó la atención del país producto de las denuncias de violaciones a los derechos civiles de parte del gobierno de Gildo Insfrán hacia sus coprovincianos en los distintos centros de atención sanitarios. La punta del iceberg fue la violenta detención de dos concejales, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, mientras protestaban. Detención que generó el pronunciamiento de Amnistía Internacional, que alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa y reclamó la intervención del Poder Ejecutivo Nacional: “Lo sucedido en Formosa no es admisible en democracia”, dijo en un duro comunicado.
Aun así, ningún funcionario del gobierno nacional se pronunció al respecto, o si lo hicieron fue claramente para defender al amigo Gildo de los embates de la oposición. El Partido Justicialista encabezó oficialmente la defensa de Insfrán con una dura respuesta a los opositores denunciantes acusándolos de realizar una campaña difamatoria. Ninguno de sus miembros se detuvo siquiera a escuchar al menos a la concejal Ruiz Díaz que denunció violencia física en la comisaría.
El apuro por cuidar la quinta que le garantiza dos senadores y unos diputados a las estrategias del Frente de Todos a nivel nacional primó sobre los derechos pisoteados de la población. Además, si condenaran uno de estos atropellos, los formoseños podrían perder el miedo y salir masivamente a denunciar hechos similares. No sea cosa de quitarles el miedo y despertarlos.
También es frustrante que muchos organismos de Derechos Humanos, de excelente relación con el gobierno nacional, sean tan selectivos a la hora de denunciar violaciones a esos derechos que dicen defender. El color político del denunciado, evidentemente, es causal de inocencia. Ese silencio no tiene otro justificativo.
Sin embargo, no debería extrañar esta reacción. De hecho, el presidente, Alberto Fernández, dijo en mayo pasado durante una visita a esa provincia: “Estoy feliz de visitar a mi amigo Gildo, él no sabe todo lo que lo valoro, lo que lo respeto y lo quiero”. Y destacó que su política sanitaria era “un modelo a seguir”.
¿Habrá pensado Fernández seriamente en lo que podría suceder si el modelo formoseño “ejemplar” que destacó es imitado por otros gobernadores?
Imaginemos ese formato aplicado en todo el país, con cientos de miles de ciudadanos no pudiendo regresar a sus hogares, acampando en las entradas de las ciudades, a las policías provinciales yendo a buscar a los posibles contagiados a la madrugada como si fuesen delincuentes buscados por la Justicia para luego hacinar a todo sospechoso de contagio en centros sanitarios no preparados, pésimamente alimentados, birlando todos sus derechos constitucionales, actuando cada uno con la complicidad del Poder Judicial local supeditado a la voluntad política y con dirigentes opositores detenidos y encarcelados. Todo esto con el acompañamiento cómplice de los organismos nacionales con competencia para custodiar los derechos humanos y civiles, como la Secretaría de Derechos Humanos o el INADI.
Es por demás preocupante que este sea el modelo que invita a seguir el Presidente.
Formosa ya no es un problema solo de los formoseños, porque si no reacciona la política nacional a tiempo para velar por los derechos pisoteados de su población su “modelo ejemplar” marchará a paso firme hacia una inexorable tragedia.
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