Gabriel Batistuta fue denunciado por presunta “explotación laboral” en Reconquista
La acusación fue efectuada por el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco.
Con redacción de Vía País.
Gabriel Batistuta, ex futbolista de la Selección Argentina, quedó enredado en una polémica este miércoles, cuando el secretario de UATRE, José Voytenco confirmó que presentaron una denuncia por la presencia de “trabajadores no registrados” en una de sus propiedades de la ciudad de Reconquista.
“Hay trabajadores en situación de explotación, mal pagados, en condiciones deplorables”, detalló Voytenco en diálogo con Radio La Red. En esa línea, explicó que la situación fue advertida por una serie de denuncias anónimas, que motivaron la necesidad de fiscalizar por parte de UATRE. Según el referente, llamó la atención la imposibilidad de acceder a las instalaciones y, una vez dentro, encontraron varias irregularidades.
“Son siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable”, detalló.
El l titular de UATRE manifestó que se trata de una situación generalizada en el agro: “Tenemos el 70% de trabajadores en situación informal, en una actividad como el campo, que es una de las principales industrias del país. Es muy grave”, aseguró.
¿QUÉ PROBLEMAS CON LA JUSTICIA TUVO BATISTUTA?
No es la primera vez que Batistuta tiene problemas fiscales. En 2022, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo embargó por casi $4.000.000 por evasión de impuestos. Unos meses después, sufrió otro embargo de $71.000.000 por negarse a pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas”.
Batistuta había considerado que el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.
Su decisión de ir a la Justicia para evitar pagarlo fue cuestionada por miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista (Sitram), considerando que el ex jugador “no devolvía con la misma moneda el reconocimiento” que recibe en su ciudad de origen.
