Por el caso Oldani, la Legislatura santafesina suspendió a la fiscal Ferraro

Fue en una sesión conjunta de la Asamblea Legislativa. Cuestionan su accionar luego del crimen del empresario de Turismo.

Este jueves, como estaba previsto, en una sesión conjunta de ambas Cámaras Legislativas se definió la suspensión por 150 días sin goce de sueldo de la fiscal Cristina Ferraro, quien tuvo a su cargo las primeras instancias de la investigación por el homicidio del empresario de Turismo Hugo Oldani, cometido el 11 de febrero de 2020.

El cuestionamiento contra la funcionaria judicial, es que la noche del crimen cuando se realizaron los peritajes en la agencia de Oldani permitió a familiares de la víctima a retirar dinero.

Si bien, se menciona una cifra precisa entre dólares y pesos que habría en la agencia ese día,  lo cierto es que el monto aún no fue probado ya que solo se fotografió el dinero,  pero nunca fue contado.  Como tampoco está probado que la familia de Oldani lo sacara del lugar con la venia de la fiscal.

Hay videos que circulan con familiares de Oldani retirando cajas y una mochila. Hasta el momento la investigación no puede dar cuenta si se trató de dinero o de pertenencias y documentación comercial.

El desplazado exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe en ese entonces, Marcelo Sain, fue el encargado de sostener ese cuestionamiento contra la fiscal, como así también de instalar diferentes versiones sobre el móvil del asesinato de Oldani.

En la Asamblea Legislativa hubo división de pareceres ante el procedimiento de Ferraro. Algunos legisladores fueron con la moción de la separación del cargo mientras que otros buscaban una sanción menor.

La suspensión por 150 días fue el punto medio en el que coincidieron y para ello tomaron en cuenta el recorrido de Ferraro, quien hasta el momento no ha tenido ningún accionar negativo a lo largo de su carrera.

Además de la sanción legislativa, la fiscal está  procesada por encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad en concurso real.